El Gobierno, a través de la Procuraduría General de la República, ha logrado la nulidad parcial del laudo arbitral que condenó al Estado paraguayo al pago de 19 millones de dólares. El procurador general Marco Aurelio González, consideró este tema como un éxito jurídico, económico y político, esclareciendo varios puntos delicados que en su momento generaron muchas condiciones.  

“Cuando nosotros nos desayunamos que teníamos un laudo en contra, con el equipo jurídico de la asesoría de la presidencia, Roberto Moreno y su equipo, el equipo jurídico de la procuraduría, encabezado por la doctora Buongermini, hemos delineado las estrategias, presentado las acciones del recurso de nulidad parcial, porque correspondía”: comenzó diciendo. A esto, añadió: “Aquí hay que decir que es una sentencia bien argumentada por parte de la tercera sala donde básicamente se dice que los jueces eran árbitros argentinos, brasileños y mexicanos, tenían que jugar según la ley paraguaya y no lo hicieron, impusieron intereses usurarios, eso está prohibido y penado por nuestro país determinaron la obligación del Estado paraguayo de pagar unos daños que no fueron cuantificados, demostrados y eso va en contra del orden público paraguayo”. 

Esta defensa logró revertir una condena de 19.000.000 de dólares a 2.700.000, es decir, más de 16.000.000 en ahorro. Precisamente esos 2.700.000 dólares corresponden a los montos retenidos de cada factura, valor que correspondía por naturaleza entregar a Mota Engil, retención que se hacía de los pagos que acreditaba el MOPC, cada vez que se iba presentando un avance. 

“Fue un éxito jurídico, donde pudimos revertir una mala decisión jurídica, económica y política por parte del Gobierno anterior, porque con esto queda demostrado que razón jurídica no tenían para rescindir el contrato y demoler la obra, económicamente no había ninguna justificación, ya se pagó casi la mitad de la obra, 20 millones de dólares y lo que hicieron es destruir, borrar todas esas inversiones del Estado paraguayo y políticamente quisieron que no quede una obra como una herencia de un Gobierno que quería hacer algo como un sistema de transporte de vanguardia en nuestro país”.                                       
Con este nuevo fallo se logra la «reducción considerable» de la suma a pagar a Mota Engil, que deberá también devolver un monto de 600 millones de guaraníes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, añadió el procurador González.