Por: Daniel Fernando Mejía Lozano
Corresponsal para A24 y Canal América en Francia
La paz en Colombia, según el portal investigativo la silla vacía se convirtió en la mano invisible de la corrupción, en el año 2022 alrededor de 500.000 millones de pesos colombianos (unos 120 millones de dólares) destinados a proyectos de paz fueron a manos de alcaldes, senadores y funcionarios públicos en calidad de coimas, al mismo tiempo los guerrilleros que buscaban reintegrarse a la vida civil eran asesinados.
El Fondo Colombia en Paz dirigido por Wilmer Leal Pérez, se rige bajo el régimen de derecho privado y fue investigado en 2018 por posibles malos manejos y corrupción. Incluso, funcionarios de ese fondo también han sido investigados en otros casos de corrupción, como el de Ocad Paz, el más reciente caso es la acusación por parte de la procuraduría contra quien dirigió el fondo en el gobierno Duque por un contrato de cerca de 30 millones de dólares.
Andrés Hernández, director de Transparencia Colombia, una organización civil que le hace seguimiento a los recursos públicos, advirtió sobre los riesgos de los fondos. “Es una figura que no es nueva, es legal. Lo que pasa es que tiene una cantidad de excepciones de controles que incrementa el riesgo de corrupción porque no están sujetos a la veeduría de la ciudadanía que el régimen público”.
Es importante resaltar, que estos fondos iban destinados al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD-PAZ) para costear iniciativas de desarrollo en 170 municipios golpeados por la guerra y la pobreza, y de ese modo ayudar a implementar el Acuerdo de Paz firmado en 2016 por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Los Planes y Proyectos Operativos (PPO) son los mecanismos de planeación y de definición inicial de los presupuestos. Actualmente la vigencia es 2022-2025 y hay $8.4 billones. De esos, en 2022 se han comprometieron $885 mil millones de pesos por tanto en el gobierno del presidente Gustavo Petro han quedado 7.2 billones para implementarlos en la Paz.
El pasado 17 de octubre del 2023, el hoy director del Fondo Colombia en Paz, Wilmer Leal Pérez, reveló que en los próximos cuatro años se invertirían 6 billones de pesos en proyectos estratégicos para el país, como el sistema de catastro multipropósito, la sustitución de cultivos de uso ilícito y grandes proyectos de infraestructura en los 170 municipios PDET para el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
El 8 de marzo del 2024 se anunció que el Gobierno del Cambio invertiría $68 mil millones en proyectos para mujeres de los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) por supuesto, una gran noticia, sin embargo, todo acá no es color de rosa, los anuncios de inversiones millonarias no se contrastan en acciones.
Es Ingeniero Electrónico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, John Amaya Rodríguez, hermano del polémico gobernador Carlos Amaya, llego en febrero del 2024 al Fondo Colombia en Paz, con el cargo de Subdirección de Innovación Digital.
Wilmer Leal Pérez también es ingeniero de minas de la UPTC, así las cosas, dos ingenieros, uno electrónico y otro de minas, direccionados por Carlos Amaya, al frente de la dirección mas importante de relaciones internacionales después de la cancillería en Colombia, para la consecución de recursos e implementación de los mismos en zonas devastadas por la pobreza y consumidas por la guerra en el país, el plagio que le costó su expulsión de la universidad Externado cuando era congresista no genera confianza en muchos sectores del país.
Hace un par de meses, la procuraduría formulo cargos al exdirector del Fondo Colombia en Paz, Juan José Duque Liscano ex director del Fondo Colombia en Paz en el gobierno de Iván Duque, gobierno recordado por hacer trizas la paz, los cargos fueron formulados por irregularidades en los contratos para los programas de sistemas y de gestión documental para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por más de $14.300 millones de pesos.
El tema involucra a dos empresas contratadas para estos asuntos. Uno el contrato celebrado con Servisoft S.A., por más de $ 5.300 millones para la gestión documental y del bilateral suscrito con Softplan Sistemas de Colombia para el diseño, implementación, licenciamiento y soporte técnico del sistema de gestión judicial para la JEP por un valor que supera los $9.000 millones.
Pero según la investigación de la Procuraduría las propuestas de las dos empresas no cumplían con los requisitos exigidos para la contratación y presentaron deficiencias que no se aclararon y que impedían compararlas y debieron ser rechazadas. Pero a pesar de las falencias evidentes de las dos empresas, el entonces gerente del Fondo Colombia en Paz, Juan José Duque Liscano, no tuvo en cuenta la información y habría aceptado las ofertas y celebró los contratos con esas compañías.
El pasado 26 de marzo, la fiscalía general de la Nación en Colombia, radicó el escrito de acusación en contra de cinco personas que estarían presuntamente involucradas en un entramado de corrupción al interior del Departamento de Prosperidad Social DPS en contratos relacionados con el fondo Colombia en Paz.
Las cinco personas involucradas además del ex senador boyacense mano derecha el ex presidente de Colombia Iván Duque, irán a juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, e interés indebido en la celebración de contratos. Se trata de Katherine Rivera Bohórquez, quien fue asistente del detenido exsenador Ciro Ramírez; Anderson González, contratista que la Fiscalía señaló de tener un papel clave en el direccionamiento de al menos 13 contratos al interior del DPS y Pierre García Jacquier, quien se desempeñó como director del DPS durante el gobierno de Iván Duque. García presuntamente sería el enlace principal entre los otros funcionarios y el exsenador Ramírez, quien habría emitido las órdenes.